«Sé que he sido el malo de la película, pero es el papel que le correspondía a quien quería mejorar las cosas». Consciente de que muchas de sus decisiones al frente de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no han sido «agradables» de tomar, José Ignacio Echániz pasó ayer revista a todos los asuntos que en materia sanitaria están de actualidad en Castilla-La Mancha. Fue con motivo de una rueda de prensa junto al gerente del Sescam, Luis Carretero, y al gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Juan Antonio Sánchez Losada, para hacer un balance de las intervenciones sanitarias del Sescam durante este verano.

Echániz explicó que cuando él y su equipo desembarcaron en tan importante consejería, la «niña mimada» de la Junta que maneja el 57% del presupuesto de este año, «lo fácil hubiera sido cerrar hospitales» debido al gran volumen de deuda que acumulaba la región en esta materia. Sin embargo, en el Gobierno regional optaron por «poner orden, que no es poco». Esto significa «pagar» todo lo que se debía y hacer un diagnóstico de la situación en busca de una «mejor optimización de los recursos». Dentro de estos objetivos, traducidos en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, algunas decisiones, reconoció Echániz, fueron «desagradables de tomar» y puso como ejemplo la veintena de Puntos de Atención Continuada que se han cerrado durante esta legislatura. Pero, en su conjunto, el consejero se mostró «satisfecho» con el trabajo realizado porque «no se ha perdido calidad en los servicios».

Numerosos medios

En este sentido, el titular regional de Sanidad dio a conocer que durante este verano se han detectado 56.409 incidentes con intervención sanitaria del 112. Por su parte, entre los medios con los que cuenta la comunidad destacan 24 ambulancias medicalizadas de emergencias o UVI móviles, 14 servicios de urgencias hospitalarias, 4 helicópteros medicalizados, 230 helipuertos de emergencias 131 ambulancias de urgencias y soporte vital básico ó 181 puntos de atención urgente de atención primaria. Además de los medios técnicos, citó el excelente trabajo del personal sanitario con 9 minutos de media en atender una urgencia en sitios urbanos y 23 en emplazamientos rurales. Todo ello, según Echániz, cuando «estamos al día aproximadamente en el 70 o el 80% de los pagos y llegaremos al 100% en los próximos meses». Por tanto, el consejero no dudó de que «al final del trayecto, los ciudadanos valorarán los esfuerzos realizados». En esta línea, puso como ejemplo las diferentes encuestas en las que los castellano-manchegos, «en un porcentaje que supera el 80%», valoran muy favorablemente la sanidad.

Llegado el turno de preguntas, Echániz avanzó que el nuevo modelo de gestión público-privado en los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Almansa y Villarrobledo empezará a funcionar en 2013 y afirmó que «en las próximas semanas» se conocerán «todos los detalles» de este nuevo sistema. La rapidez de que esta nueva forma de gestión sea una realidad a partir del año que viene ha sido posible, explicó el consejero, gracias a que «se ha trabajado de una manera muy intensa, fundamentalmente este verano». Las claves del nuevo sistema serán el ahorro y el concurso abierto. Para esto último, Echániz detalló que «el pliego de condiciones se ha confeccionado con la ayuda de empresas que han sido adjudicatarias de estos servicios en otras comunidades, por lo que han actuado como consultoras que han ayudado a hacer la programación del concurso».

Asistencia a los sin papeles

Otra de las grandes cuestiones de actualidad es qué pasara con las personas que no tienen tarjeta sanitaria. En este asunto, el consejero fue claro al afirmar que «haremos lo que nos obliga la ley, no vamos a improvisar». «Rigor, eficacia y eficiencia», son otros de los calificativos que utilizó para explicar que la Junta cumplirá plenamente con la nueva legislación sobre la atención sanitaria a «sin papeles».

Ahora bien, el consejero también explicó que, dentro de la ley, la Junta «dará un paso más» al atender a personas que no tengan la tarjeta sanitaria y a a la vez estén inmersas en un «tratamiento crónico». Esta decisión la toma el Gobierno regional «por sentido común y con la máxima sensibilidad» para «no generar problemas sanitarios ni sociales». El objetivo final del Ejecutivo regional es que «ninguna persona que lo necesite quede desasistida y no solo, como otras regiones, en el caso de niños, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas». En cuanto a la aparición en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la cartilla de precios de algunas operaciones o servicios para aquellas personas que no dispongan de tarjeta sanitaria, el consejero advirtió que «el catálogo es algo que se publica todos los años» y por tanto «no es algo novedoso y nada que vaya a complicar la existencia de nadie».

Asimismo, Echániz adelantó que ayer mismo había mantenido una conversación telefónica con la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien le informó de que el próximo 3 de octubre se celebrará la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En dicho encuentro, los diferentes consejeros autonómicos debatirán acerca de la cartera de servicios sanitarios gratuitos que prestarán las comunidades a partir del próximo año. Uno de los servicios que se rumorea que dejará de ser gratuito será el de las mamografías. El titular de Sanidad en Castilla-La Mancha quiso ser prudente en este punto y expresó que se discutirá la gratuidad de las mamografías como el resto de pruebas, aunque sí reconoció ser «un magnífico método para la detección precoz de enfermedades como el cáncer de mama».

«Enormes avances»

En otro orden de cosas, Echániz planteó cómo está el proyecto del nuevo hospital de Toledo. El consejero adelantó que hoy mismo tanto él como el gerente del Sescam se reunirán con una entidad financiera con el fin de buscar dinero para un proyecto que «en estos momentos, a nivel económico, tiene sus complicaciones». En cuanto al Plan Funcional del hospital, Echániz explicó que «se han hecho enormes avances y más pronto que tarde habrá buenas noticias». En este asunto, recordó, la Junta «tiene el objetivo de que Toledo tenga antes de que termine la legislatura un magnífico hospital en funcionamiento».

Por último, Echániz también manifestó que «en muy pocas semanas» se anunciará la adjudicación del nuevo contrato para la prestación del servicio de ambulancias, que se empezará a gestionar ya a partir de 2013. Un concurso al que «se han presentado empresas tanto de la región como de fuera». En este sentido, el consejero no tuvo problemas en reconocer que en el último año se han registrado «problemas» en la gestión de estos servicios, haciendo alusión de este modo a la empresa Translatozano que «ha tenido dificultades desde el punto de vista laboral y operativo» derivando en huelgas de los trabajadores.

Según ha explicado el Gobierno regional, el pasado 11 de mayo de 2010 las centrales sindicales CC.OO y UGT y la Asociación AMEIGI registraron el I Convenio Colectivo Autonómico de Educación Infantil para el año 2010.

La Comunidad de Madrid, tras realizar los trámites habituales de control de la legalidad del convenio y al considerar que la asociación empresarial carecía de representatividad, reenvió el Convenio al TSJM que lo declaró nulo por esta misma razón.

En la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por AMEIGI, la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. y la Federación de Trabajadores de Enseñanza FETE-UGT contra la sentencia dictada por el TSJM en febrero de 2011.

En concreto, concluye que “la autoridad laboral garante inicial de la legalidad de los convenios colectivos de eficacia general, no solo puede sino que debe indagar en los casos dudosos de legitimación negociadora de las partes de los convenios colectivos”.

Además, destaca que “en un sector como el de la educación infantil privada donde consta la existencia de una porción apreciable de entidades corporativas la autoridad laboral cumple con la función asignada en el artículo 90.5 ET al requerir a las asociaciones empresariales los datos relativos a la naturaleza de las empresas familiares”.

En este sentido, el Alto Tribual considera que “al requerimiento de acreditación de legitimación efectuado por la autoridad laboral no permite, con la independencia de lo que hubiera podido resultar de una actividad probatoria propiamente dicha, sostener su pretensión y la de los sindicatos de los requisitos de legitimación previstos”.

Otro de los motivos esgrimidos por el Tribunal Supremo para rechazar la representatividad de esta asociación es la definición legal de empresario.

“La definición de empresario es, por expresa prescripción legal, la contenida en el artículo 1.2 ET, que se refiere a quienes contratan trabajo asalariado, definición que no incluye necesariamente a la cooperativas de enseñanza de trabajo asociado, las cuales podrían haber sido integradas, en tal caso indebidamente, en la relación de empresas afiliadas de AMEIGI”, agrega.

NULL

Link a la resolución:
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1340o/12050140.pdf

Inscripción: entre los días 17 y 28 de septiembre de 2012, ambos inclusive.

Realización: entre los días 1 y 30 de noviembre de 2012.

Atención:
Podrán matricularse en las pruebas reguladas por la presente orden, quienes estén empadronados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en la fecha de publicación de esta orden. Asimismo, podrán matricularse aquellas personas no empadronadas
en la Comunidad Autónoma de Extremadura que hayan estado matriculados con anterioridad en centros de esta Comunidad Autónoma en algún módulo profesional del ciclo formativo o ciclo formativo equivalente a efectos profesionales y académicos, conducente al título que desean obtener.

Ciclos formativos convocados:
Técnico en Cocina y Gastronomía
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Atención Sociosanitaria
Técnico Superior en Educación Infantil

El Gobierno quiere aumentar el porcentaje de contenidos mínimos que fija el Estado en los currículos escolares desde la educación primaria hasta el bachillerato y la FP, recortando en consecuencia el margen que ahora tienen para completar el tiempo escolar las comunidades autónomas, según el borrador de la reforma de la ley orgánica educativa —la séptima de la democracia— en el que trabaja el Ministerio de Educación y al que ha tenido acceso este periódico. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pasará a fijar “los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas”, los cuales requerirán “el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75%para aquellas que no la tengan”. Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006, establece unos contenidos mínimos del 55% y el 65%, respectivamente. La medida afectará a todas las asignaturas; lo mismo a Matemáticas que Historia, Lengua o la nueva Educación Cívica y Constitucional que sustituirá, sin los contenidos más polémicos ya limados por este Gobierno, a la asignatura de Ciudadanía.

Se trata de una antigua reivindicación, recogida en el programa electoral del PP del año pasado, para asegurar unos contenidos comunes en toda España. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo este jueves en TVE que “no es de recibo” que el sistema “acabara derivando en 17 sistemas educativos distintos”. “Tenemos un sistema, en cuanto al reparto de competencias, que en teoría es claro, pero que, tras 20 años de aplicación, es evidente que ha presentado disfunciones”, añadió.

La ley (cuyo anteproyecto podría llegar en las próximas semanas al Consejo de Ministros) declara en el texto su intención de mejorar los problemas del sistema educativo: un abandono escolar temprano del 26,5%, casi el doble de la media europea, y resultados mediocres en exámenes internacionales. Lo intentará hacer adelantando la elección de los alumnos hacia la FP, creando un nuevo ciclo de formación profesional dentro la enseñanza obligatoria (FP Básica se llamará), estableciendo evaluaciones externas al final de cada etapa que serán reválidas en la ESO y bachillerato (el Gobierno ha desechado la idea inicial de establecerla también al final de primaria). Muchas voces han calificado la reforma de segregadora en el debate que se ha generado desde que se presentaron sus líneas generales a finales del pasado mes de junio: consideran que lejos de arreglar los problemas, estos aumentarán.

José Ignacio Wert vinculó este jueves en una entrevista en Los Desayunos de TVE las evaluaciones externas con esa idea de garantizar la educación común en toda España. Pero ese debate ha estado centrado durante mucho tiempo en la fijación de esos contenidos mínimos, cuyos pesos, sin embargo, no cambió la ley aprobada en 2002 durante el Gobierno de José María Aznar.

También volvió a ser un motivo de pelea durante la tramitación de la actual ley educativa, pues el PP siempre se quejó de que no quedaban garantizados unos “contenidos mínimos comunes para todos”, entre otras cosas, por su ambigua redacción, dijo en su día la actual ministra de Fomento, Ana Pastor. “Garantizaremos que todos los alumnos, con independencia del lugar en que residan, tengan una formación común con un currículo básico en todas las etapas educativas”, decía el programa electoral con el que el PP ganó las últimas elecciones generales. Por su parte, los partidos nacionalistas presionaron durante todo el proceso de tramitación de la LOE para conseguir más margen de acción.

Ahora, la redacción queda en el anteproyecto de ley orgánica de modificación de aquella norma, la LOE, de la siguiente manera: “Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez y eficacia de los títulos académicos, corresponderá al Gobierno: a) El establecimiento y definición de las competencias básicas de cada enseñanza y de los criterios para su evaluación. b) La fijación de los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas. Los contenidos comunes requerirán el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan”.

Entre los Playbook y el Google Nexus 7 fabricado por ASUS hay otras propuestas de tabletas con pantalla de 7’’, desde luego. Desde el Amazon Kindle hasta los modelos de 7’’ de Samsung entre los que se encuentra el Galaxy Tab 2 P3100 al que también dedicamos este Especial como referencia con la que comparar la propuesta estrella de Google.

Lo diferenciador en la Nexus 7 es precisamente que sea una tableta refrendada de forma oficial por Google, la compañía detrás del sistema operativo que mueve más dispositivos móviles inteligentes en el mundo. Y más diferenciador aún es su precio, que por 199 € supone poner esta tableta en el punto de mira de muchos usuarios que antes ni se plantearían adquirir un producto de estas características. No es un precio revolucionario realmente a la vista de lo que cuesta el modelo Samsung Galaxy Tab 2 7’’ WiFi con 8 GB de Samsung, que con 229€ no está muy lejos del Nexus 7, pero sí está por detrás en especificaciones y características, que para nada son llamativas.

ASUS ha sido capaz de empaquetar un buen repertorio de tecnologías que lucen mucho más si se adornan con ese punto mágico de precio que es el de 199€. Desde luego, no esperes que por ese dinero se puede obtener un producto con todos los extras, o con un acabado de lujo, pero a la vista de lo que ofrece la competencia, es suficientemente llamativo como para pensar que las tabletas no son una opción tecnológica descabellada.

Más allá del hardware, los contenidos

Asociado al lanzamiento de ASUS Google Nexus 7 está otro fenómeno que influye de forma importante en el modo en el que se ha presentado esta tableta, y que ya fue usado en el Kindle Fire. Este fenómeno es el de las tiendas de contenidos. Kindle Fire, sin la tienda de Amazon detrás como repositorio de libros, música y películas, no sería más que una tableta bastante limitada en cuanto a funcionalidad. Pero con los contenidos de Amazon se convirtió en un producto atractivo.

Las seis escuelas infantiles (de cero a tres años) de gestión pública de la ciudad abrieron ayer sus puertas para el curso 2021-2013 con la totalidad de sus 487 plazas cubiertas y una lista de espera de al menos ochenta niños, según los datos facilitados ayer por el Concello, cuya concejala de Asuntos Sociales, Carme Fouces, visitó ayer la guardería de A Parda, una de las últimas en entrar en funcionamiento y la de mayor número de plazas, con 115.
La apertura de la escuela infantil de Monte Porreiro es la principal novedad de este curso, después de la polémica generada en los meses anteriores por el retraso en su apertura y la polémica por el concurso que convocó la Consellería de Traballo y Benestar para privatizar su gestión. Cuenta con 61 plazas, las mismas que la guardería creada recientemente en el campus universitario de A Xunqueira. También es de reciente funcionamiento la escuela del edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, que dispone de 36 plazas. En estos dos últimos casos, ambas escuelas están concebidas para hijos de funcionarios de la Universidad o la Xunta, si bien se aceptan otras modalidades si se dispone de plazas.
Al margen de estos cuatro centros que han abierto sus puertas en los últimos tres años, Pontevedra dispone de otras dos guarderías públicas con gran tradición, la de O Toxo, en San Roque, y la de Campolongo, que cuentan con 107 plazas cada una.
Pese a que en los últimos años se duplicó la oferta de plazas públicas entre cero y tres años, todavía se mantiene una demanda mínima de ochenta familias que no está previsto atender a corto y medio plazo con nuevos centros.

La apertura del centro de alzhéimer, anulada por falta de garantías para financiar su gestión
El centro de día para enfermos de alzhéimer de la calle O Gorgullón que la Consellería de Benestar pretendía abrir a finales de este año seguirá cerrado al menos hasta 2013, después de que el departamento que dirige Beatriz Mato acordara anular el concurso para adjudicar su gestión por carecer de garantías de poder pagar ese contrato.
El concurso se convocó hace semanas y una vez recibidas las cinco ofertas de las empresas interesadas, la consellería advirtió de que su gasto (más de un millón de euros entre octubre de 2012 y diciembre de 2015) no tenía garantías de financiación en los próximos ejercicios.
La resolución que anula el concurso señala que “de adjudicarse, las exigencias de estabilidad presupuestaria podrían impedir hacer frente a los compromisos de gasto en el próximo ejercicio. Así, aunque en 2012 existe crédito para atender estas obligaciones, no queda garantizada esta cobertura para los años 2013, 2014 y 2015″, lo que “supondría un perjuicio para el interés público ya que conllevaría la resolución del contrato, con el consiguiente cese repentino del servicio”.
Por ello, hasta conocer con cierto detalles las previsiones presupuestarias para 2013 y ajustar el importe de una nueva licitación, la gestión de este centro de día queda pendiente y, por tanto, el servicio no se pone en funcionamiento.