Al plan de la Generalitat para privatizar la gestión de la red sanitaria pública valencianos no le faltan aspirantes. El actual concesionario de los hospitales de Alzira, Dènia, Manises, Torrevieja y Elx, Ribera Salud y las aseguradoras que le acompañan lideran la lista de grupos interesados en ampliar su negocio sanitario. Del mismo modo, el fondo Atitlán que dirige Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig, ha mostrado su interés por acceder al mercado de la salud. En la actualidad tiene firmado un acuerdo con Asisa para optar a concesiones públicas y está a la espera a su vez de que Bankia y la CAM reactiven el proceso de venta de Ribera Salud para participar en la subasta.
Sin embargo, la dimensión de la privatización que ha puesto encima de la mesa el Consell de Alberto Fabra puede superar incluso las posibilidades de estos grupos locales. La Conselleria de Sanidad no desea que se configure un monopolio en torno a la red sanitaria, por lo que es lógico que cuando finalice el proceso se haya producido un reparto de los contratos.
En este sentido, es probable que los aspirantes se multipliquen y entren en escena operadores de hospitales privados como Capio (también interesado en Ribera Salud) o USP y el Grupo Quirón, que acaban de anunciar su fusión.
Con todo, el planteamiento realizado por la Generalitat puede ir más allá de los tradicionales grupos sanitarios privados. Sanidad quiere adjudicar los contratos por lotes y agrupar departamentos para favorecer las economías escala. Pero la división actual en 18 áreas de salud invita a pensar que se licitarán numerosos contratos tanto de gestión económica y administrativas como de servicios complementarios como logística, transporte, mantenimiento, limpieza, restauración, aprovisionamientos, etc.
Algunos de estos servicios ya están externalizados y el vicepresidente del Consell, José Císcar apuntó ayer que podrían rescatarse contratos para reagruparlos y volver a licitarlos. En este caso, es lógico que puedan producirse alianzas entre empresas que prestan distintas funciones para optar a los concursos. Es decir, que firmas especializadas en gestión sanitaria y otras de servicios se agrupen para hacerse con los contratos. Un ejemplo de esto es la alianza que ahora mantienen Atitlán y Asisa. El fondo ligado a la familia Roig está muy interesado en la parte logística, una de las especialidades de Mercadona.
El papel de los fondos de inversión y capital riesgo es clave si, como ayer avanzó el Consell, se cobra a los concesionarios un canon de entrada por el uso de las instalaciones públicas. Los aspirantes podrían tener necesidades de financiación previas que pueden suplir estos fondos.
Aunque en principio ayer el Consell aseguró que la gestión asistencial y el personal quedarán excluidos de la privatización, el modelo elegido para la licitación (diálogo competitivo) puede dar lugar a contratos que sí incluyan estos aspectos en determinadas zonas. Es el caso, por ejemplo, del Hospital de Llíria, construido pero sin equipar y sin dotación de tecnología. El aspirante puede ofrecer sumar a la gestión económica y de servicios la asistencial, como ocurre en los hospitales y áreas de salud en manos de los consorcios liderados por Ribera Salud.
Lo mismo ocurre con Gandia. Aunque el nuevo hospital debe acoger personal y medios del antiguo Francesc de Borja, su puesta en funcionamiento implicaría que habría más servicios privatizados que, por ejemplo, en La Fe de Valencia. En cualquier caso, la complejidad del cambio de modelo invita a pensar que la resolución de las licitaciones no será tarea fácil. Es la tercera pata del negocio: El que van a hacer las firmas consultoras.