Los expertos empiezan a avisar de que se alcanzarán los seis millones de parados; el Gobierno prevé que el año se cerrará con el 24,3% de desempleo; el número de afiliados a la Seguridad Social ha caído de la barrera psicológica de los 17 millones, y el Ejecutivo ha advertido de que se va a destruir más empleo, pues los efectos de la nueva norma empezarán a verse a medio plazo.
Con estas cifras sobre la mesa, el Ministerio de Empleo optó por seguir el ejemplo de nuestros vecinos europeos y permitir la colaboración privada con los servicios públicos de empleo para mejorar los ratios de colocación de desempleados, una de las partes de la reforma laboral tal vez menos destacada, pero donde puede estar escondido uno de los impulsos para salir del agujero del desempleo en el que nos encontramos atrapados.
A partir de ahora, una simple “declaración responsable” es el punto de partida para iniciar la colaboración entre las ETT y los servicios públicos de empleo españoles. Es decir, se las autoriza a operar como agencias privadas de colocación. Se trata de dar un paso adelante, que ha gustado al sector, y que no dio el anterior Gobierno en su nimia reforma laboral de 2010.
Rigidez y lentitud
En el informe Empleos de calidad para una nueva economía, realizado por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con el Instituto Internacional de Estudios Laborales, y presentado el pasado mes de diciembre, se destacaba el bajo nivel de colocación que se registra a través del antiguo Inem. De manera que el número de desempleados por funcionario en nuestro país ha alcanzado los 450, “uno de los más elevados de los países de la Unión Europea”. De hecho, es 15 veces superior al que se registra en Alemania.
Y ese elevado ratio puede ralentizar la tarea de los trabajadores públicos y mermar la eficacia a la hora de buscar perfiles compatibles. En este sentido, desde IU-donde se oponen rotundamente a la colaboración público-privada al entender que las ETT no tienen que jugar ningún papel- consideran que la agencia pública de empleo no se ha desarrollado y tendría que “fortalecerser”, pues con tantos desempleados a cargo de cada funcionario “no se puede hacer un trabajo serio”, espeta José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Trabajo de IU.
De hecho, el director de Recursos Humanos de Grupo Constant, Ignacio Manent, se explica las bajas cifras de colocación del Servicio Público de Empleo por la falta de rapidez y la burocracia lenta y compleja. Unas razones que llevaban a las empresas a acudir a los profesionales privados, pese a tener que pagar por los servicios, para encontrar con mayor rapidez a la persona que ocupe la vacante en su empresa.
La colaboración público-privada ha sido una demanda de la patronal de las empresas de trabajo temporal, Agett, que antes de conocer la reforma ya defendía que el modelo mixto que opera en Europa funcionará también aquí.
Actitud “ambiciosa”
El director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, considera “ambiciosa” la actitud del Ejecutivo en sus reformas. Sin embargo, advierte de que para poder aportar su capacidad, se requiere que se genere empleo, y “para lograrlo, la regulación aún está pendiente”. Precisamente por eso, solicitan mayor participación en la gestión responsable de la temporalidad causal, real y justificada; realizar los contratos formativos -ya que actualmente un 50% de jóvenes está en paro y el 50% de sus clientes son jóvenes-.
Tampoco olvidan su demanda de participar en los contratos de apoyo a emprendedores, cuya finalidad es estimular el contrato estable. Por ello, Pérez aclara: “No es que queramos participar en contratos fijos. Tenemos experiencia en ser puente a la permanencia y creemos que podemos participar y aportar nuestros conocimientos”. “Entendemos que es un contrato dirigido a las pymes y a las personas que se incorporan al mercado de trabajo”, asegura.
Por otro lado, desde Randstat también hablan de la trasposición de la Directiva Europea en cuanto a la derogación de todas las limitaciones y restricciones que pesan sobre la actividad de las ETT, especialmente en el sector público y en los sectores denominados de riesgo (como por ejemplo, Sanidad). Y la derogación de las cláusulas prohibitivas de uso de Empresas de Trabajo Temporal en la negociación colectiva y la adecuación de los costes indemnizatorios a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.
Objetivos comunes
Ahora, la indemnización es de 12 días por año trabajado, mientras que para el resto de los temporales era de ocho días hasta este 1 de enero. Desde entonces es de nueve días y seguirá aumentando progresivamente hasta 2015, cuando se igualará a los 12 días. Un alza que fue establecida en la reforma laboral de 2010, con la idea de igualar paulatinamente las compensaciones entre los trabajadores temporales e indefinidos.
La relación entre el servicio público de empleo y las empresas de trabajo temporal puede ser de compenetración. Por un lado, el antiguo Inem cuenta con una inmensa base de datos tanto por la parte de la oferta como de la demanda. Por otro lado, las ETT cuentan con la experiencia de ajustar la oferta de trabajo al perfil del empleado. Así, la unión entre ambos podría potenciar la empleabilidad.
Lucha contra el fraude
Sin embargo, la complicidad no acaba en una base de datos. El Gobierno ha emprendido su particular lucha contra el fraude -sólo en 2009, la economía sumergida alcanzó los 244.918 millones de euros en nuestro país, una cifra que representa un 23,3 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con los datos de los Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha)-. Y en este sentido, desde Randstat recuerdan que poder contratar de forma “más rápida y flexible evita trampas”. Por ello, desde el sector reclaman tener un modelo propio de contrato relacionado con la actividad que desarrollan, lo que supondría, a su entender, “la máxima flexibilización”.
En este sentido, cabe mirar fuera de nuestras fronteras, pues en los países en los que la penetración de las ETT es mayor, el porcentaje de economía sumergida pierde peso respecto al PIB (ver gráfico). Algo muy necesario en España, pues, a su vez, supondría un aumento de las aportaciones a la Seguridad Social, que ahora mismo se encuentra hambrienta de cotizantes. A la vez que evitaría que los parados oficiales estuvieran cobrando el subsidio por desempleo mientras trabajan en negro sin ningún tipo de garantía jurídica.
En cuanto a la batalla contra la temporalidad, que hasta ahora casi había monopolizado el número de contrataciones, los expertos del colectivo explican que la presencia de Empresas de Trabajo Temporal es una herramienta contra la temporalidad y el paro. Y es que los expertos del sector advierten de que la relación entre el paro y temporalidad con la penetración de las empresas de trabajo temporal es inversamente proporcional.
Por el momento, no hay cifras de cuánto puede reducirse el desempleo o la temporalidad con la actividad conjunta de los servicios estatales y privados, de manera que, por ahora, los expertos del sector se apoyan en los datos de nuestros vecinos europeos. Por ahora, España lidera la tasa de desempleo y temporalidad en Europa, sin embargo, se sitúa a la cola en la penetración de ETT. Por lo que el paso del Ejecutivo parece que va en la dirección correcta.
Sin costes para el empleado
Por otro lado, de acuerdo con el real decreto ley, la colaboración público-privada para la colocación de desempleados no va a suponer ningún gasto para el demandante de un puesto de trabajo. Aunque desde algunos sectores han considerado que esta intención del Gobierno puede ser empleada de manera perversa por parte de los empresarios, quienes podrían cargar los costes a los trabajadores, finalmente.
Sin embargo, incluso desde IU, pese a ser contrarios a la participación de las ETT en la colocación de trabajadores, consideran que los empleadores “no van cargar el coste de los servicios de las Empresas de Trabajo Temporal sobre los trabajadores”.