La Consejería de Educación ha dado otro paso más para convocar las oposiciones docentes a pesar de la resistencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El consejero Francisco Álvarez de la Chica ha firmado este lunes la orden por la que se convocan las 2.389 plazas de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño.
Las pruebas se realizarán a “partir del mes de junio”, como se detalla en la orden que se publicará en breve en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Tras su aparición en el BOE, los opositores tendrán 15 días hábiles para inscribirse. Las denominadas “tasas por derecho de examen” serán de 69,34 euros para los aspirantes a profesores de FP y 77,1 euros para el resto. 36.154 aspirantes lucharon el año pasado por las 3.796 plazas de maestro que convocó la Junta.
En la nueva orden se señala que los exámenes teóricos se basarán en los temarios de 1993 y de 1996. El ministerio que dirige José Ignacio Wert derogó la semana pasada (por sorpresa y sin consultar a las comunidades autónomas) los temarios que ya se estaban estudiando desde hacía meses los aspirantes. Esos temarios anulados fueron aprobados en noviembre por el anterior Gobierno, aunque en las academias se manejaban borradores de los nuevos temas de secundaria desde verano.
Este cambio de última hora ha sido interpretado por los sindicatos y la Junta como un intento de boicotear las oposiciones por parte del ministerio, que ya había recomendado que no se celebraran. Esta recomendación la han atendido la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP. Finalmente, solo Andalucía, País Vasco, Cantabria y Madrid convocarán oposiciones este curso. Este año las pruebas teóricas —que parten de los temarios derogados— tienen mucho más valor que en otras ediciones. El sistema de acceso ha cambiado y todos los aspirantes deben aprobar las dos pruebas teóricas para poder seguir avanzando y realizar la defensa de una programación y de una unidad didáctica.
Tras anunciar la firma de la orden, el consejero andaluz dijo estar “convencido de que no se van a atrever a recurrirlas”, en referencia a una posible impugnación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el encargado de velar por que las comunidades cumplan con las restricciones presupuestarias. La posibilidad de ese recurso sobrevuela las accidentadas oposiciones de este año, ya que Andalucía ha utilizado para calcular sus plazas una tasa de reposición cercana al 30%. Sin embargo, el Gobierno central redujo en diciembre esa tasa al 10%, con lo que solo se podrían reponer una de cada diez bajas que se produzcan en el sistema educativo público.
La posibilidad del recurso sigue vigente. El año pasado el departamento de la exministra Elena Salgado impugnó varias ofertas de empleo público al entender que se saltaban la tasa de reposición, aunque luego retiró los recursos. La Abogacía del Estado explicó el pasado curso que tenía dos meses desde la publicación de la orden de convocatoria para presentar el recurso ante los tribunales. Por lo tanto, el ministerio de Cristóbal Montoro tendría ahora hasta mediados de abril para impugnar las oposiciones andaluzas, con lo que esquivaría el impacto negativo que tendría para su partido hacerlo antes de las elecciones del 25 de marzo.
Los Gobiernos de Andalucía y País Vasco y los sindicatos (las centrales tienen previsto manifestarse la próxima semana contra la decisión del ministerio y en defensa de las ofertas de empleo público) han reclamado a Wert que rectifique y vuelva a admitir los temarios de noviembre. Este cambio ha generado malestar entre los opositores.
Sin embargo, también hay aspirantes que reclaman que se paralicen las pruebas. Este rechazo parte de la plataforma de interinos contra el decreto 302, que entienden que tras las oposiciones tendrán más complicado acceder a un puesto de trabajo en el sistema público de enseñanza. Estos aspirantes han convocado el 18 de febrero una manifestación para pedir la paralización de las oposiciones.
Ni la consejería ni el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se han planteado hasta ahora paralizar la oferta de empleo público docente. El consejero ya anunció en septiembre su intención de hacer oposiciones y esa intención no varió pese a que la mayoría de comunidades no las van a convocar. Ante la sospecha de que el cambio en el Gobierno central pudiera acarrear más problemas, la Junta ha acelerado los plazos de la convocatoria. Primero, adelantó dos meses la publicación del decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público docente para 2012. Y, ahora, se adelante un mes la publicación de la orden que desarrolla este decreto.