El Gobierno ha planteado una reforma legislativa parcial que sustituirá Educación para la Ciudadanía por una formación “Cívica y Constitucional”, y ampliará el Bachillerato y la FP de Grado Medio a tres años, el primero de ellos obligatorio, con el propósito, entre otros, de retener a más jóvenes en la enseñanza.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha comparecido, por primera vez y durante cuatro horas, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para explicar las políticas educativas de la legislatura. Sobre Educación para la Ciudadanía, ha argumentado que creó una “seria división” y sobrepasaba las recomendaciones del Consejo de Europa. Por ello ha planteado una asignatura “libre” de cuestiones ideológicas y adoctrinamiento, basada en la sociedad democrática y las instituciones españolas y europeas.
El último curso de la enseñanza obligatoria, que se mantiene hasta los 16 años, “orientará” a los alumnos a la FP o la “continuación” de los estudios de Bachillerato, lo que el ministro ha relacionado con una mejor preparación y la reducción del abandono escolar prematuro, que es el del 28,4 por ciento, el doble de la media europea. Además, se va aplazar la entrada en vigor de la reforma del 4º de la ESO prevista en la Ley de Acompañamiento de la Ley de Economía Sostenible (2011).
“Si a una edad un poco más temprana se puede elegir un ‘itinerario’ que está más de acuerdo con la orientación de cada alumno y comienza un curso obligatoriamente (de Bachillerato o FP), va a ser mucho más probable que exista el incentivo para continuar”, en la postobligatoria, ha argumentado Wert, que ha negado que se trate de una “segregación” de alumnos.
Sobre la FP, ha defendido el modelo “dual alemán”, ya que el hecho de aprender trabajando en las empresas aumenta la empleabilidad y que se convierta esta formación en una alternativa “atractiva”, no en una “vía de escape”. El ministro se ha mostrado consciente de los costes y ha apuntado hacia la “cooperación territorial” por parte del Estado.
En cuanto a la nueva estructura de Secundaria, ha explicado que la enseñanza obligatoria seguirá siendo gratuita, se ha referido al diálogo con las comunidades para ver qué mecanismos se arbitran y ha pedido no aferrarse a “clichés ni prejuicios” sobre la conveniencia o posibilidad de extender la gratuidad más allá, en alusión a los conciertos. También ha defendido una escuela pública de calidad como “herramienta imprescindible del progreso de un país”. El ministro se ha referido a la enorme inversión de recursos educativos, pero con resultados “ineficientes”, ha mencionado el estancamiento e, incluso, “retroceso” educativo en las dos últimas legislaturas, ha pedido que no se tenga miedo a las reformas y un cambio de mentalidad hacia el esfuerzo y la excelencia.
Sobre el derecho de elección de la lengua vehicular de la enseñanza por los padres, el Gobierno va a mantener una “estricta vigilancia y una actitud propositiva” para evitar situaciones de pasadas, en que este asunto ha sido “cuestión de litigio”. En relación con las competencias en Educación, ha señalado que cada administración hace lo que la Constitución le autoriza, y que su departamento tiene la intención de “evitar conflictos innecesarios” y fijar, de acuerdo con los márgenes de la jurisprudencia constitucional, los principios básicos del sistema.
Wert ha apelado al diálogo y la participación de toda la comunidad educativa para formular una Estrategia Nacional de Calidad, manteniendo y reforzando, ha asegurado, la equidad básica, o igualdad de oportunidades. Se ha propuesto pruebas “censales” rigurosas al final de cada etapa, pues los problemas de Primaria “se arrastran” en Secundaria. Impulsará la autonomía de los centros, el estatuto del docente público y que se reconozca al profesorado como “autoridad pública”. Sobre el bilingüismo, ha anunciado que se reunirá con las comunidades para aunar criterios y ha pedido cambiar el enfoque de estudiar inglés por el de “estudiar en inglés”.
Las universidades también necesitan un “gran impulso reformista”, para lo que un Consejo de Expertos de Alto Nivel emitirá un dictamen y ha censurado que el 42 por ciento de las titulaciones tenga menos de 50 alumnos de primero.
La oposición se ha mostrado dispuesta al diálogo, aunque con recelo por el Bachillerato, y el PSOE, además, ha rechazado que a estas alturas siga el debate sobre Educación para la Ciudadanía. El PP ha defendido las reformas y que se satisfagan las demandas de las familias sobre elección de modelo de enseñanza y centro educativo. La mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición ha mostrado recelo al Bachillerato de tres años anunciado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados, si bien han mostrado su disposición al diálogo para lograr un acuerdo.
Wert ha indicado que la educación secundaria “común” durará tres años, el Bachillerato y la FP de Grado Medio tendrán tres, de los que el primero será obligatorio, por lo que la Educación Obligatoria se mantiene hasta los 16 años. Este curso, según el ministro, orientará a los alumnos de FP o la “continuación” de los estudios de Bachillerato y a su juicio contribuirá a mejorar la preparación de los jóvenes y la reducción del abandono escolar prematuro.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Educación, Mario Bedera, ha asegurado que su grupo está “dispuesto a hablar” de lo que el ministro ha planteado, aunque ha criticado que éste diga “una cosa y la contraria” al pretender no reformar la Ley Orgánica de Educación y sin embargo ésta es la única manera llevar a cabo la propuesta. Wert en su intervención había asegurado que no se aprovechará de la mayoría absoluta del PP para promover la aprobación de una “nueva ley general educativa”. El diputado socialista ha señalado que si la educación básica se mantendrá en los 16 años, “no tiene sentido empezar a los quince un Bachillerato de tres años en el que solo el primero es obligatorio”, ya que, a su entender, en la práctica se reducirá un año la formación básica. Asimismo, le ha preguntado al ministro si detrás de esta propuesta se encuentra la intención de empezar a concertar el primer curso de Bachillerato y “tener en el horizonte” concertar todos los años de este ciclo.
El portavoz de CiU, Martí Barberá, ha mantenido que el sistema educativo no puede variar cada vez que cambia el Gobierno y si bien ha asegurado que comparte con Wert la necesidad de reducir el abandono y el fracaso escolar ha opinado que los beneficios que supondría modificar la Educación Secundaria y el Bachillerato podrían ser menores que los inconvenientes. En su opinión, la reforma será de difícil ejecución y se ha interesado en que se concrete en qué tanto por ciento reducirá el fracaso escolar.
El grupo IU-ICV-CHA Wert ha criticado las medidas anunciadas por Wert al estimar que apuesta por la “senda de los recortes” y ha reclamado más financiación para la Educación, puesto que ésta no se puede considerar como un gasto sino como una inversión. El PNV ha mostrado también su disposición al diálogo en relación al Bachillerato de tres años, aunque su portavoz, Arantza Tapia, ha dicho no ver cuál va a ser la mejora y ha insistido en que “tal vez” el problema no sea sólo el modelo de este ciclo formativo. UpyD ha pedido al ministro que las competencias de Educación vuelvan al Estado.
Los sindicatos de la enseñanza CCOO, UGT y ANPE están de acuerdo en la ampliación a tres años de la duración del Bachillerato anunciada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, aunque los dos primeros están en contra de que se haga a costa de un año menos de ESO. Nicolás Fernández, de ANPE, ha señalado hoy a Efe: “nuestro sistema necesita reformas profundas. La enseñanza Secundaria necesita flexibilizarse, desde luego manteniendo la gratuidad hasta los 16 años y, en cuanto al Bachillerato, en todo nuestro entorno tiene una duración de tres años, por lo que parece lógico ampliarlo”.
Por su lado, desde CCOO, José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza, explicó que están “de acuerdo en ampliar a tres años el Bachillerato para homologarlo con Europa, pero no a costa de la ESO, sino manteniéndola como hasta ahora y sumando un año más”. Carlos López, secretario general de FETE-UGT, se ha mostrado de acuerdo con CCOO en este punto y ha sugerido como alternativa que la ampliación a tres años fuera flexible y coexistiera con un ciclo de dos años en el Bachillerato.
Respecto a la Formación Profesional, todos los respresentantes consultados están de acuerdo en acercar su diseño al difícil mercado laboral, pero, desde UGT, López ha rechazado una FP “dual” que separe a los alumnos en dos velocidades en función de una selección hecha desde las empresas.
El ministro se ha comprometido además a que se apruebe “por fin” un Estatuto del Docente, que mantenga el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, que recompense su esfuerzo y los reconozca como “autoridad pública”, algo que José Campos, de CCOO, ha considerado positivo en términos generales.